Con esta posterior Modificación Puntual del vigente PGOU tras la sentencia del Tribunal Supremo, obviando de nuevo los importantísimos valores medioambientales existentes en dichos terrenos, el Ayuntamiento pretende regular la edificación de 1.297 viviendas (implica una población estimada de 3.891 nuevos habitantes, cuando en la actualidad hay censados 3.954 habitantes), de las que el 15 % estarían sometidas a algún régimen de protección pública, distribuidas en viviendas unifamiliares y en pisos de 3 alturas, junto a dos parcelas terciarias-comerciales y un equipamiento dotacional de 3 alturas, invadiendo y cercando absolutamente y sin remedio, contra toda lógica medioambientalista, la zona de máxima protección del Parque Regional y los montes preservados y destruyendo el encinar centenario disperso existente que se encuentre fuera de dichos enclaves preservados (78,76 hectáreas), de las cuales se reforestarían 9,09 hectáreas y, el resto, los promotores “adquirirían el compromiso de reforestar las 69,67 hectáreas restantes en suelos posteriormente disponibles en el propio término municipal o donde sea designado de común acuerdo por la Comunidad de Madrid” con el irónico compromiso de la vigilancia ambiental por parte del Ayuntamiento competente.